Tras la manifestación el 11 de septiembre de 2012 de un millón y medio de personas en Cataluña pidiendo el Derecho a Decidir, surgieron opiniones de personas relevantes como Ambrose Evans-Pritchard, jefe de información económica internacional de “The Daily Telegraph”.

“Se equivoca gravemente quien crea que la Unión Europea ayudará a aniquilar a los catalanes”.

..."...Lo que no entienden ni Madrid ni el ministro es que ellos ya no tienen la sartén por el mango. Decir que “nosotros utilizaremos el derecho de veto acogiéndonos a los tratados de la Unión para bloquear una posible adhesión de Catalunya” es no entender nada. Ellos, simplemente, no pueden hacerlo.
Si España impidiera la adhesión, España misma estaría violando los tratados de la Unión; y la propia España podría ser expulsada. No digo que esto vaya a ocurrir. Pero, en cualquier caso, me sorprende el nivel de incompetencia y la voluntad que demuestra Madrid de llevar todo esto a una confrontación absoluta...."...
..."...extremos amenazadores con declaraciones como las de García-Margallo, militares: extremistas. La carta del rey, que los catalanes persiguen quimeras, que quieren alterar el statu quo, etc., no tiene sentido. Están creando una especie de 1936...."...

..."...Bruselas intentará evitar pronunciarse sobre la cuestión. Pero si al final resulta totalmente inevitable, lo harán. Y si el Estado español piensa que Bruselas se pondrá a su lado para evitar que los catalanes ejerzan el derecho de autodeterminación, estará cometiendo otro error de juicio...."...
..."...existe una agenda oculta de la Unión, no en la Comisión pero sí en otras partes de la maquinaria, que intenta promover un fortalecimiento del poder de las regiones en oposición a las naciones estado tradicionales, que en la práctica son un freno hacia la construcción de una estructura más federal, de supraestado de la Unión...."...

Las declaraciones tienen un años de vida. El 11 de septiembre de 2013 salieron a la calle -de forma organizada-  y haciendo una cadena humana de más de 400 km un millón seiscientas mil personas. Nada ha cambiado desde entonces respecto al inmobilismo del gobierno central tal y como relata en su columna de opinón López- Burniol.

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